La abogada María del Rosario Monroy solicitará a la Procuraduría General de la Nación calificar como culpa gravísima a título de dolo el accionar del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, el ex gerente del IBAL José Alberto Girón y el director de Cortolima Jorge Enrique Cardoso por las irregularidades que se presentaron con la firma del contrato por más de $27 mil millones para financiar la primera fase del acueducto complementario de Ibagué.

Según denunció la profesional del derecho, tanto Jaramillo como Girón dieron inicio a las obras a sabiendas de las anomalías que se presentaban en el proyecto, pues no se contaba con licencias ambientales autorizadas toda vez que los permisos expedidos en 1997 debían ser actualizadas, lo que no tuvo un control por parte de Cortolima.

Monroy aportará como prueba al proceso que adelanta el organismo de control disciplinario la tutela que instauró en noviembre de 2017, donde se advirtió sobre estas anomalías, hecho que fue ignorado de manera deliberada pues las obras se ejecutaron.

Ante este hecho, la abogada solicitó que fuera calificado el actuar de los funcionarios como gravísima a título de dolo, lo que les acarrearía sanción e inhabilidad general para ejercer cargos públicos hasta por diez años.

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Por: Paola Rojas Gómez, periodista regional.