La Contraloría General de la República determinó a través de 22 hallazgos fiscales y disciplinarios por $718 millones de pesos por las irregularidades que se dieron en la ejecución del contrato interadministrativo 637 de 2016, suscrito entre la Secretaría de Salud del Tolima y el Hospital San Juan Bautista de Chaparral con el objeto de apoyar actividades de promoción, prevención y control de dengue, chikunguya y zika, en 11 municipios.

El Hospital subcontrató tales actividades con la IPS Fundasalud, empresa que a su vez realizó otra subcontratación, estas 2 entidades cobraron y se les pagó indebidamente por gastos operativos en el manejo de los contratos, sin que los ejecutaran directamente.

El contrato inicial que suscribieron la Secretaría de Salud departamental y el Hospital de Chaparral tenía un valor total de $1.000 millones, de los cuales $930 millones transfirió el centro asistencial subcontratando con Fundasalud Ips.

Las actividades contratadas debían adelantarse en los Municipios de Coyaima, Carmen de Apicalá, Líbano, Honda, Mariquita, Purificación, Prado, Saldaña, Rovira, Alvarado y San Antonio.

En la auditoría adelantada por la Gerencia Departamental de la Contraloría, el organismo de control verificó que el Hospital San Juan Bautista de Chaparral no ejecutó las actividades contratadas con el departamento, sino que subcontrató en su totalidad las mismas con Fundasalud Ips, transfiriendo los recursos de la cuenta exclusiva del convenio a una cuenta no controlada.

Además, en el estudio previo, no se determinaron los objetos de los contratos con las especificaciones técnicas mínimas de los bienes y servicios requeridos para desarrollar cada una de las actividades contratadas.

Fundasalud Ips subcontrató con personas naturales y jurídicas, entre las cuales   con Fundación Renacer Al Tolima al que se la pagó el 35% del valor del contrato, para que desarrollaran todas las actividades de salud pública, contenidas en el objeto contractual, entre ellas, capacitación, recolección de inservibles, transporte de personal, suministros de elementos, apoyo logístico, promoción, perifoneo y divulgación.

La Contraloría pudo establecer que dichas actividades se cobraron sin que se evidenciara su ejecución.

Otras actividades, como la recolección de inservibles, se cobraron, pero las mismas fueron realizadas por la comunidad, los estudiantes, policía y las empresas de servicios púbicos de cada Municipio, con su personal y carros recolectores, entre otros.

También, se cobró por el alquiler de sillas, video beam y computadores, cuando estos fueron suministrados por las Instituciones Educativas y Entidades en donde se realizaron las actividades.

Se le pagó a la Fundación   Renacer Al Tolima, por servicios de capacitación y de transporte, pero se evidenció que no hubo presencia de personal en los lugares donde se debió adelantar la capacitación. O sea que se cobró y se recibió pago por servicios que nunca se prestaron.

Por: Paola Rojas Gómez, periodista regional.