Esta práctica le costaba al país miles de millones de pesos, además ayudará a posicionar a la ciudad y no un gobierno.

La plenaria del Senado de la República de Colombia ha aprobado en último debate el proyecto de ley "Chao Marcas" (163/22C – 323/23S), una iniciativa que prohíbe a los gobiernos locales, regionales y nacionales utilizar marcas o eslóganes durante sus mandatos. Esta medida tiene como objetivo principal eliminar el gasto excesivo en la creación y promoción de marcas gubernamentales, que en el pasado ha representado un costo de miles de millones de pesos para el país.

Según la autora del proyecto, la representante Carolina Giraldo, esta ley busca poner fin al uso de recursos públicos para promover la imagen de los gobernantes en turno, considerando que estos gastos innecesarios podrían destinarse a áreas más prioritarias como la educación, la salud y la política social.

La iniciativa, que pretende implementar un manual de identidad visual para las entidades estatales, así como medidas de austeridad en la publicidad estatal, busca generar ahorros significativos, estimados en alrededor de 2 billones de pesos anuales que se destinaban a la creación y promoción de marcas gubernamentales.

El representante Cristian Avendaño enfatizó que la prohibición de marcas y eslóganes gubernamentales significa evitar gastos adicionales en artículos de papelería, vestimenta y otros elementos promocionales cada vez que un nuevo gobernante asume el cargo. Destacó que estos recursos podrían ser mejor empleados en áreas clave para el desarrollo social y económico del país. 

La senadora Angélica Lozano, ponente del proyecto en el Senado, resaltó que la aprobación de esta iniciativa representa un avance significativo para Colombia, evitando gastos millonarios en la promoción de la imagen presidencial, citando un informe de la FLIP que reveló un gasto de 46 mil millones de pesos entre 2018 y 2022 para posicionar al presidente.

A pesar de la aprobación en la plenaria del Senado, el proyecto aún debe ser conciliado y pasar a la sanción presidencial para convertirse en ley de la República. Este cambio legislativo representa un paso importante hacia la austeridad en el uso de recursos públicos y el enfoque en áreas prioritarias para el bienestar de la sociedad colombiana.