El alcalde encargado se refirió al plan regimiento realizado por el Sindicato del Inpec, el cual impide el ingreso de detenidos en el Coiba de Picaleña; Zárrate señaló que,  “la alcaldía no tiene obligación con el centro carcelario, pues la ley penitenciara no establece que  los municipios deban asumir recursos para los presos de la justicia penal ordinaria, ni contratar con los centros carcelarios”. 

Según Zárrate si el Inpec se sigue negando a recibir los detenidos con orden  de captura emitido por un juez penal de la justicia ordinaria “se van a meter en problemas graves porque las órdenes dictadas por los jueces de la república  deben ser acatadas”

“El municipio presentó una orden de tutela para defender los derechos humanos de los retenidos en la Permanente Central,  porque hay sobrepoblación, lo que puede generar emergencias sanitarias” dijo Zárrate.

El funcionario señaló que, la permanente central tiene capacidad sólo para albergar  60 reclusos y en este momento cuenta con 120 internos a quienes los jueces les han dictado medida de aseguramiento en la cárcel de Picaleña y no han sido recibidos por los  guardines del Inpec.

Por: Paola Rojas Gómez, periodista regional