Confirmaron en segunda instancia la sentencia a integrantes del “Clan Yara”

por Ondas de Ibagué

La Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué le dio la razón a la Fiscalía que investigó, y al juzgado de conocimiento que condenó a 4 integrantes de la organización delincuencial denominada “Los Yara” o “Clan Yara”, confirmando la decisión que estipuló una pena de 33 años de prisión.

Heriberto Yara Romero y su hermano Pedro Nel Yara Romero, José Arnulfo Madrigal Yara y Jorge Gaitán fueron condenados como responsables de los delitos de hurto calificado, secuestro, desplazamiento forzado y concierto para delinquir.

La Fiscalía que asumió el caso encontró que esta organización afectó a los habitantes de los municipios de San Luis y Ortega, sur del Tolima.

Fue así como se reunieron los elementos materiales probatorios y evidencia física suficiente para determinar que los hombres ingresaban a las viviendas a hurtar, amarraban a las víctimas que se encontraran en el lugar, y además les exigían grandes sumas de dinero para evitar su desplazamiento.

Un hombre, habitante de la vereda Mesetas, jurisdicción de San Luis, relató en su denuncia que Los Yara ingresaron a su vivienda el 1 de julio de 2014 y lo amarraron, junto a su esposa y tres hijas.

Los hombres aducían pertenecer a un grupo armado al margen de la ley, y pretendían hurtar el dinero producto de la venta de 15 cabezas de ganado de la familia. Al no encontrar el dinero, permanecieron por más de seis horas en la casa con la familia aun atada.

Posteriormente, lo golpearon y accedieron carnalmente a su esposa, quien impedía la violación de sus hijas menores. Además, los obligaron a abandonar permanentemente la casa en la que vivieron por cerca de 15 años.

En noviembre de 2014 el Cuerpo Técnico de Investigación, el Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana capturaron a los integrantes del Clan Yara, desde ese día se encuentran privados de la libertad quienes fueron vencidos en juicio y contra quienes hoy se confirma entonces su responsabilidad en segunda instancia.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial