La medida también afecta a la comandante de la policía Metropolitana; al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y al director del Coiba de Picaleña.

En un hecho sin antecedentes, el juez Octavo Penal del Circuito de Ibagué ordenó arresto por 20 días tanto del gobernador Ricardo Orozco como del alcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado. La decisión se debe al desacato de una tutela fechada el 4 de marzo de 2022, modificada por el Tribunal Superior de Ibagué en septiembre de ese mismo año. En la misma se amparaban los derechos de las personas privadas de la libertad que son llevadas a la Permanente Central ubicada en la calle 21 frente a las instalaciones de la policía.

En la tutela el juez había ordenado la afiliación de los detenidos a una EPS; prestación de servicios por parte de la secretaría de salud y adecuación de un área para tales fines; entrega de kits de aseo personal y de bioseguridad para cada uno de los detenidos; entrega de alimentos dignos; adecuación de espacios apropiados y diferenciados para los miembros de la comunidad LGTBI que sean detenidos; garantizar la unidad familiar a través de visitas virtuales. De la misma manera ordena la instalación de salas virtuales con equipos tecnológicos e internet. También se ordena la creación de una mesa permanente que entregue informes bimestrales de seguimiento.

Pero en la decisión también se vincula a la comandante de la policía Metropolitana, coronel Sandra Liliana Rodríguez; Andrés Ernesto Díaz, director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y carcelarios (Uspec). La diferencia está en que deberán pagar cinco y no veinte días de arresto. Otro de los afectados con el fallo es el director del Coiba de Picaleña, Jhon Fredy Rojas, quien deberá pagar 10 días de arresto. En cuanto al gobernador y al alcalde, se ordena su arresto en las instalaciones del CTI, ubicado en el búnker de la Fiscalía.

Este viernes, 22 de septiembre se convocó a una reunión urgente por parte de los afectados para analizar con sus equipos jurídicos las acciones a tomar, para demostrar a la administración de justicia el avance en el cumplimiento de la orden impartida por el juez.

La decisión ha creado un rumor en los ‘mentideros’ políticos’ ya que la seguidilla de decisiones similares ha coincidido con la época electoral y a juicio de muchos analistas, es al menos curioso que se den a conocer y se hagan efectivas a pocos días de las elecciones del 29 de octubre.