En medio de un proceso que adelanta el Ministerio Público gracias a una serie de denuncias hechas por el sindicato Asoempubli, se conoció esta falencia que en medio de la pandemia podría cobrar la vida de los servidores públicos y la ciudadanía en general.

La Personería municipal de Ibagué ha realizado el debido seguimiento a las denuncias que ha hecho el sindicado Asoempubli dando a conocer que en algunas sedes de la Alcaldía no se estaban cumpliendo con los protocolos de bioseguridad en medio de la pandemia.

De acuerdo con lo informado por Wilson Prada, personero de la ciudad, este proceso se está realizando a través del delegado para la Vigilancia Administrativa y Gestión Pública, por quien se hizo el requerimiento a la Secretaría General de la Alcaldía y a los cuartos Institutos Descentralizados: Gestora Urbana, Ibal, Imdri e INFIbagué, por aparentes incumplimientos de los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio del Covid-19.

De esta manera, se espera que cada gerente y titular de cartera, entreguen al ente de control un informe detallado de cada una de las acciones que se adelanta para evitar la propagación del virus.

"Solicitamos entonces detalles de la fecha del cumplimento de la resolución 666 del 24 de abril de 2020, “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19” expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social en el Gobierno Ibagué Vibra", explicó el personero Wilson Prada.

Asimismo, Prada resaltó que ha hecho un llamado, para que dentro de la Alcaldía se acojan a la Directiva Presidencial No. 07 del 27 de agosto de 2020 que contempla medidas enmarcadas en la nueva etapa de aislamiento selectivo y reactivación de la economía y en la cual señala que las Entidades del Estado deberán retomar de forma gradual y progresiva el trabajo presencial.

"Queremos entonces que también se adopte en lo posible, y de acuerdo con las necesidades del servicio, horarios flexibles que eviten aglomeraciones en las instalaciones de la entidad y en el servicio de transporte público" señaló Prada.

Finalmente, por medio de esta solicitud, el Ministerio Público espera obtener un informe que demuestre si a la fecha se están brindando los servicios presenciales hasta con un 30% de sus servidores y contratistas y que en consecuencia el 70% restante esté realizando trabajo en casa, sin que se afecte la prestación de los servicios y el cumplimiento de funciones públicas.