La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, por presunta falta de control a la “Fundación Peces Vivos” de Ibagué, donde se estarían presentado tratos crueles a niñas y niños en condición de discapacidad.

Para la Procuraduría General de la Nación resultan inaceptable las declaraciones de la directora del ICBF, Karen Abudinen, de que este no es el único caso, lo que significaría una vulneración sistemática de los Derechos de niños, niñas y adolescentes.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, exhortó a la Directora General del ICBF, para que esa entidad asuma, con el rigor que amerita, el seguimiento y la vigilancia a los operadores que brindan atención especializada a la población en condición de discapacidad.

Así mismo, pidió a las autoridades poner en marcha mecanismos que garanticen el cuidado y la protección de niños, niñas y adolescentes, con mayor énfasis en la población  en condición de discapacidad, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier circunstancia que pueda constituir vulneración, amenaza o inobservancia de sus Derechos.

Hechos como los denunciados en Ibagué, dejan al descubierto que esta población es cuatro veces más proclive a ser maltratada, más vulnerables y está más expuesta a formas específicas de violencia y abuso.

La indagación de la Procuraduría busca identificar a los responsables que habrían omitido la supervisión, vigilancia y control del contrato suscrito con la “Fundación Peces Vivos”, y las obligaciones del supervisor a cargo.

Adicionalmente, en el proceso penal iniciado tras la captura de 10 personas, la Procuraduría, a través de una agencia especial, solicitó detención intramural.

 

En comunicado a la opinión pública los defensores de familia de la Regional Tolima, se pronunciaron frente al presunto caso de tortura agravada en el cual están comprometidas 10 personas que hacían parte de la fundación Peces Vivos

Con ocasión a la declaración realizada por Mario Gómez, Fiscal delegado para los niños, niñas y adolescentes, el día 19 de octubre de 2017 a los medios de comunicación, los defensores de familia de la Regional Tolima del ICBF, informaron a la opinión pública a través de un comunicado, que las actuaciones administrativas que adelantan están acordes con la normatividad vigente y a los lineamientos aprobados por el ICBF a nivel nacional. 

"Como autoridades administrativas decretamos medidas de restablecimiento de Derechos a favor de los niños, niñas y adolescentes, sin que tengamos injerencia en el proceso de selección o contratación de operadores, ni en el otorgamiento de licencias de funcionamiento, ni en el proceso de supervisión", dice el comunicado.  

De la misma manera rechazan de manera contundente, las afirmaciones de la autoridad penal que vulneran la integridad física y psicológica de los trabajadores del ICBF y la de sus familias, sepultando la presunción de inocencia ante los ojos de todo el país", añadió el escrito.

"Como servidores públicos ponemos a disposición nuestras actuaciones administrativas ante la justicia y hacemos un llamado al ministerio público, para que actúe activamente en los procesos administrativos, e inste a las demás entidades que forman parte del sistema nacional de bienestar familiar, para que corresponsablemente garanticen los Derechos de la infancia y adolescencia del departamento", concluyó el comunicado de prensa, firmado por los Defensores de Familia Regional Tolima.