La desición fue tomada luego de tener el aval del Consejo Superior Académico y de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano.

Este avance es importante debido a que dentro de la comunidad universitaria hay heterogeneidad de personas: algunos tienen necesidades diferenciadas de aprendizaje, otras se encuentran en condición de discapacidad, también hay variedad de comunidades como campesinos, gitanos, indígenas, afrodescendientes, entre otros; cada una de estas con necesidades diferentes, las cuales esta política ha tratado de reconocer.

La construcción de esta política fue concertada en mesas de trabajo con las comunidades, y además se contó con el acompañamiento epistemológico de docentes de la Facultad de Educación. El resultado de estos encuentros fue el documento final y el proyecto de acuerdo que se presentó al Consejo Superior, en donde la universidad reconoce y aprueba la pertinencia de la implementación de esta política en la UT

A partir de la aprobación de esta política, la universidad debe disponer los medios para su apropiación por parte de toda la comunidad universitaria, y así identificar las necesidades de estas poblaciones y poner en acción las líneas que están sustentadas en el documento.