Lo insólito del caso es que al demandante ya le habían pagado gran parte de las acreencias.  

Un nuevo escándalo pone en el ojo del huracán a la Gobernación del Tolima, esta vez, debido a un proceso legal que se lleva a cabo por la IPS Hospital de la ciudad de Ibagué.

El juzgado Segundo civil del circuito, decretó el embargo a las cuentas del departamento por valor de 12 mil millones de pesos correspondientes según el demandante en este caso, la "Clínica Hospital IPS" ubicada en el barrio Cadiz de Ibagué, por servicios de salud prestados al departamento durante los años 2018 a 2021.

No obstante, luego de la notificación del juzgado, la oficina Jurídica de la Gobernación revisó una a una las 5.681 facturas emitidas por la entidad privada y se logró establecer con pruebas que gran parte de estos dineros reclamados por vía judicial ya habían sido cancelados por el ente territorial.

Esto tiene que ver con un proceso ejecutivo que fue promovido por el representante legal de la IPS Hospital  y lo que se nos indica es que el 15 de julio del 2019 la parte demandante dio a conocer un cumulo de facturas en contra de la Gobernación.

Pero lo que decimos es que desde este proceso el demandante en toda su actividad tuvo una cantidad de conflictos de competencias y además, estuvo en el tribunal y varias veces se hicieron recursos de apelación, por lo que finalmente el año anterior aproximadamente en junio, el tribunal determina que quien debe ser competente para este caso es el Juzgado Segundo Civil del Circuito, mismo que abocó conocimiento con un auto que dice obedézcase y cúmplase", expuso Yurani Prieto, directora Jurídica de la Gobernación.

En consecuencia, se solicitó el desembargo de al menos 3.500 millones que tenían soporte de pago. Pese a que el abogado de la clínica conoció que las pretensiones no eran las estimadas siguió adelante con el proceso civil contra el departamento, se considera que hubo mala fe en las actuaciones por lo cual no se descarta que inicien acciones judiciales contra el representante de la clínica por un presunto fraude procesal.

"Una vez fuimos embargados, nos comunicamos desde asuntos jurídicos, donde nos notificamos para determinar el origen de estas posibles deudas que se tienen y en la Dirección de Seguridad Social de la Secretaría de Salud, donde se nos entrega una certificación de pago de 5.681 facturas, mismas que son cotejadas con el pago que ha hecho la tesorería y con el derecho de defensa que nos asiste, presentamos las excepciones al Juzgado y allí podemos ver que la medida está excedida y el juez nos decreta un desembargo parcial y en este momento estamos en el trámite procesal de la demanda", señaló la directora.

Finalmente, a la fecha las cuentas de la Gobernación siguen embargadas por un monto cercano a los 8 mil millones de pesos.