La Procuraduría General de la Nación examina el papel del representante legal del Consorcio Zonas WiFi en la prestación de servicios de internet en el Tolima, tras denuncias de fallas en el servicio.

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra Jorge Alberto Calderón Barón, representante legal del Consorcio Zonas WiFi, por posibles irregularidades en el contrato celebrado con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC). Este contrato tenía como objetivo la instalación de zonas WiFi en trece centros poblados del departamento del Tolima.

La Segunda Delegada para la Contratación Estatal ha señalado que Calderón Barón, en su rol de interventor, pudo haber recibido satisfactoriamente los entregables del contrato, a pesar de las fallas reportadas en el servicio. Las quejas incluyen problemas como intermitencia en la conexión, lentitud del servicio, y fallos en la operatividad de algunas zonas, especialmente en municipios como Dolores, Murillo, Santa Isabel, Carmen de Apicalá, Alvarado, Rovira, Ambalema, y Natagaima. Además, en Ataco no se realizó la instalación a pesar de que el municipio estaba en el listado de beneficiarios del FUTIC.

El Ministerio Público ha indicado que Calderón Barón aparentemente no cumplió con su deber de exigir la calidad de los bienes y servicios ni verificó que se cumplieran los requisitos técnicos obligatorios. La investigación busca determinar la existencia de faltas disciplinarias y si Calderón Barón actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.