Funcionarios del extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural presuntamente habrían desviado recursos destinados a la adquisición de una propiedad en la región.

Un nuevo escándalo de presunto despojo de tierras y corrupción ha sacudido al departamento del Tolima, luego de que un campesino, afectado por la tragedia de Armero, denunciara públicamente cómo funcionarios del extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) habrían desviado recursos destinados a la compra de un predio en la región.

Según el testimonio del denunciante, quien prefirió mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad, presuntamente una familia cercana a las autoridades implicadas, habría participado en la adquisición irregular de las tierras. "Nos hicieron una trampa. Se quedaron con la tierra y repartieron el dinero", aseguró el afectado, señalando que el proceso de compra del predio fue manipulado.

De acuerdo con la denuncia, se habrían destinado 1.500 millones de pesos para la compra de estas tierras, pero esos fondos nunca llegaron a los verdaderos propietarios. "Esos funcionarios del Incoder se repartieron el dinero. Nosotros nunca vimos un peso, y como era tierra donada, nos dijeron que si queríamos más tierra, teníamos que 'resucitar' el proceso, lo cual era imposible porque ya habían vendido todo", relató el afectado.

El denunciante también afirmó haber sido víctima de amenazas y presiones para que abandonara sus reclamos, lo que lo llevó a solicitar protección policial. "Fui amenazado, tuve que pedir escoltas a la policía para protegerme", reveló. A pesar de los riesgos, agradeció al entonces gobernador Guillermo Alfonso Jaramillo por intervenir y evitar que se atentara contra su vida. "Él habló para que no me hicieran daño, aunque lamentablemente no pudo evitar el despojo de nuestras tierras", concluyó.

Estas acusaciones se suman a otros casos de corrupción y despojo de tierras que han afectado a numerosas familias en la región, alimentando un clima de incertidumbre y desconfianza en las instituciones. La comunidad espera que las autoridades competentes tomen acciones contundentes, devolviendo las tierras a sus legítimos dueños y sancionando a los responsables de estos actos.

La situación sigue bajo investigación, y se espera que se esclarezcan los hechos en torno a este escándalo que ha puesto en tela de juicio la gestión de tierras en el departamento del Tolima.