Contraloría encontró irregularidades en contratos suscritos en la administración de Jaramillo

por Ondas de Ibagué

Por medio de una denuncia se dio inicio a una auditoría para dar claridad sobre 6 contratos que realizó la exgerente de la Gestora Urbana Sandra Milena Quijano donde existiría un presunto detrimento patrimonial de $211.539.789 teniendo en cuenta el valor evidenciado en la ficha catastral de cada uno de los bienes para la fecha de la celebración de los contratos.

Los predios correspondían a 6 contratistas: Nilson Alexander Fierro, Daniel Fernando González, Miguel Ángel Sánchez, José Oswaldo Martínez, Yesid Vega Rincón y Vega Rincón con otro pedio, viéndose mayormente favorecido en esta contratación.

Es así como inicialmente se canceló cada uno de estos contratos en aras de evitar perjuicios económicos y/o hallazgos fiscales y disciplinarios. Al liquidar los mismos se reevaluó el valor real del detrimento patrimonial que sería $13.623.553, con base en esta nueva liquidación sin descartar que estos se realizaron de forma indebida, trasladando de esta manera la denuncia y el informe a las autoridades correspondientes como lo es la Procuraduría General de la República.

Los predios que se arrendaron en el gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo están ubicados en:

Apto 3 calle 12 N° 6-77 – Arrendatario Nilson Alexander Fierro (5 años)

Apto 4 calle 12 N° 6-77 – Arrendatario Daniel Fernando González (5 años)

Local Cafetería CC. Andrés López de Galarza – Arrendatario Miguen Ángel Sánchez (5 años)

Cra 4B 23-48 B/ el Carmen – Arrendatario José Oswaldo Martínez (10 años)

Cra 6 44-02 Esq. Piedra Pintada – Arrendatario Yesid Vega Rincón (10 años)

Cra 6 44-06 Esq. Piedra Pintada – Arrendatario Yesid Vega Rincón (10 años)

La justificación de la exgerente y que se dio como conclusión en el informe ya expuesto por la Contraloría Municipal es que el valor incrementó por algunas mejoras o adecuaciones que tuvieron estos predios, situación que el ente fiscalizador no logró establecer dado que no existe ningún documento que certifique los mismos; además de esto, dichos cambios no fueron socializados con la oficina jurídica de la Gestora Urbana.

Por: María Lucía Ortega, periodista local.