La Procuraduría General de la Nación tomó cartas en el asunto y suspendió por tres meses a dos vicepresidentes de Ecopetrol y a otro alto ejecutivo, por la emergencia ocasionada en el pozo Lizama en Santander, y abrió investigaciones al actual presidente de la compañía y también a su antecesor.

Adicionalmente, abrió investigaciones contra varios miembros de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por esta misma situación. El ministerio público insinúa negligencias de los responsables en los procesos de abandono de los pozos.

Todo esto fue motivado por el enorme daño ambiental que ocurrió cuando cientos de galones de crudo contaminaron las fuentes hídricas aledañas, generando un gran rechazo nacional.